Hay una costumbre inveterada en la política colombiana que le cuesta sumas multimillonarias al país: la tendencia de cada administración a comportarse como si la historia comenzara el día de su posesión. En esta dinámica de refundaciones quinquenales y revanchismos ideológicos, cualquier proyecto concebido bajo el mandato anterior queda bajo sospecha. Si lleva el sello del adversario político, el impulso natural de la burocracia no es evaluar su utilidad técnica, sino buscar la excusa perfecta para desmantelarlo.
El caso del fusil Jaguar, el prototipo desarrollado por Indumil para avanzar en el reemplazo progresivo de la fusilería estándar de nuestras Fuerzas Armadas, amenaza con convertirse en un nuevo capítulo de esta triste historia. Se argumenta que su primera versión presenta fallas operativas o desajustes mecánicos y que, por ende, el proyecto debe desecharse. Esta lógica no sólo es errónea desde el punto de vista de la ingeniería; es devastadora para las aspiraciones de desarrollo de Colombia.
En el mundo de la producción industrial de alta tecnología —y muy especialmente en la industria de defensa— ningún primer prototipo nace perfecto. La historia de las grandes potencias industriales no se construyó sobre éxitos inmediatos, sino sobre el rigor para corregir errores. Cuando Estados Unidos desplegó las primeras versiones del fusil M16 en la década de 1960, el arma sufrió fallas catastróficas de encasquillamiento en condiciones de combate. La respuesta del gobierno estadounidense no fue cancelar el programa ni volver a depender exclusivamente de proveedores externos, sino auditar el diseño, ajustar los materiales, modificar la munición y perfeccionar el producto hasta convertirlo en el estándar de la OTAN durante medio siglo.
Desechar el Jaguar en su versión 1.0 porque requiere mejoras equivale a confundir un problema de calibración con un fracaso estructural. Es ignorar que en el desarrollo de hardware complejo, el mayor valor no reside únicamente en el objeto terminado, sino en la curva de aprendizaje: las horas de ensayo, la capacitación del capital humano, los laboratorios equipados y la capacidad instalada en nuestras propias fábricas. Si archivamos el proyecto ante el primer obstáculo, no estamos ahorrando recursos; estamos tirando a la basura la inversión ya ejecutada y destruyendo el conocimiento acumulado.
El verdadero debate de fondo no es sobre un arma específica, sino sobre la soberanía tecnológica de la Nación. Un país que importa el cien por ciento de sus bienes de capital, su tecnología militar y sus insumos estratégicos es un país vulnerable, sujeto a los vaivenes de las divisas, a las crisis geopolíticas globales y a las condiciones impuestas por terceros. La industrialización del sector defensa —como ocurre con la industria farmacéutica o la infraestructura energética— genera encadenamientos productivos que fortalecen la metalmecánica local, la ciencia de materiales y el desarrollo de software aplicado.
Colombia necesita con urgencia elevar la industrialización a la categoría de política de Estado, blindándola de los sesgos y los cálculos electorales de turno. Los programas de investigación y desarrollo (I+D) requieren horizontes de largo plazo que trasciendan los periodos gubernamentales. Los criterios para continuar, modificar o cancelar un proyecto estratégico deben ser estrictamente técnicos, financieros y operativos, jamás ideológicos.
Si la primera versión del fusil Jaguar falla, la decisión patriótica y pragmática no es cancelar el contrato y volver a comprar el inventario en el extranjero. La decisión correcta es auditar la falla, exigir responsabilidades técnicas, financiar la versión 2.0 y perfeccionar el proceso hasta lograr un producto confiable. Corregir lo construido no es una concesión al gobierno saliente; es un acto de responsabilidad con el futuro industrial de Colombia. Es hora de entender que la soberanía tecnológica no se proclama en los discursos: se construye en las fábricas.