La lotería que nadie se quiere ganar

¿A quién le va a tocar este año la lotería de perder la vida a manos de un criminal en Bogotá? No es una pregunta retórica: en 2025 la ciudad sumó 1.173 homicidios intencionales. Uno de ellos pudo haber sido, y puede todavía ser, usted, un vecino, un hijo.

Nos hemos acostumbrado a consolarnos con el titular equivocado. Cada vez que sale una cifra, alguien recuerda que Bogotá es la ciudad con la tasa de homicidios más baja entre las grandes capitales colombianas —muy por debajo de Cali (42 por cada 100.000 habitantes), Cartagena (35) o Barranquilla (38)— y que en 2022 llegó incluso al mínimo histórico en 61 años: 1.009 casos, 12,8 por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja desde 1962. Es cierto, y vale la pena decirlo. Pero esa misma ciudad, dos años después, cerró 2024 como la más violenta desde 2016, con 1.204 homicidios. La estadística puede mejorar o empeorar de un año a otro; lo que no cambia es que detrás de cada número hay una persona que no amaneció al día siguiente. Las estadísticas se promedian. Las vidas no se promedian: se pierden, una por una, completas, irrepetibles.

El consuelo de compararnos con el mundo

Tampoco nos sirve de consuelo mirar hacia afuera. Es verdad que la tasa de homicidios de Bogotá en 2024 —15,2 por cada 100.000 habitantes— es casi la mitad de la de Washington D.C. (27,5) y muy inferior a la de muchas de las ciudades que aparecen en los rankings mundiales de violencia. Si la vara con la que nos medimos es «no somos Washington, no somos Cali, no somos Santa Marta», entonces cualquier cifra nos deja tranquilos. Pero esa comparación es un ejercicio de estadística comparada, no un criterio de si una ciudad es segura. A la familia que recibe una llamada a las once de la noche no le importa en qué puesto del ranking mundial quedó Bogotá ese año. Le importa que su hijo, su hermano, su pareja, ya no va a volver.

Cerca de la mitad de estos homicidios no son ajustes de cuentas entre bandas ni sicariato dirigido a alguien metido en algo turbio. Son riñas que escalan por intolerancia, son atracos callejeros que terminan a bala o a cuchillo, son personas comunes que estaban en el lugar equivocado. ¿A quién vamos a mandar a su ejecución este año? ¿Y si la lotería le cae a usted, que está leyendo esto ahora mismo, tranquilo, pensando que a usted no le va a pasar?

La otra mitad —sicariato, ajuste de cuentas, disputas por microtráfico— también deja viudas y huérfanos, pero al menos responde a una lógica criminal que, en teoría, se puede perseguir, desarticular, anticipar. La mitad de la que hablamos no tiene ese consuelo: le puede tocar a cualquiera, en cualquier esquina, un viernes a las ocho de la noche. Conformarnos con que «vamos mejor que antes» o «vamos mejor que otras ciudades» es una forma de anestesia colectiva. Es cómoda porque no exige nada de nadie: ni del Concejo, ni de la Alcaldía, ni de la Fiscalía, ni de nosotros como ciudadanos. Pero la comodidad de esa anestesia la paga, cada año, alguien que no eligió pagarla.

Lo que proponemos

Por eso, desde el Observatorio Ciudadano no nos hemos quedado en la queja. Llevamos meses trabajando en una propuesta concreta —Seguimiento efectivo, no castigo colectivo— que resumimos aquí porque merece discutirse en serio, no en un trino:

  • Protocolo de expulsión acelerada por pena accesoria. La ley ya permite expulsar a un extranjero condenado por un delito grave, pero solo 357 de miles de sanciones migratorias de los últimos cuatro años se han tramitado por esa vía, por pura lentitud burocrática entre la Fiscalía, el INPEC y Migración Colombia. Proponemos notificación automática, plazos máximos y un tablero público de seguimiento, dejando explícito que esta expulsión opera además de la condena en prisión, nunca en lugar de ella.
  • Verificación periódica de medios de vida lícitos. Para quien ya tiene una medida judicial vigente mientras se resuelve un trámite de expulsión, la misma verificación de ingresos que Colombia ya exige en otros trámites migratorios, como herramienta de seguimiento, no como castigo adicional.
  • Que un arma excluya el delito de la categoría de «menor». Aplica por igual a colombianos y extranjeros. Un atraco a mano armada que no alcanza cierto monto, o que queda en tentativa, casi nunca habilita hoy la detención preventiva. Un hurto con arma es, siempre, un intento de homicidio que no se concretó. Ya redactamos el articulado técnico para modificar el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal en ese sentido.
  • Transparencia: publicar el dato que hoy no existe. Que la Secretaría de Seguridad y Medicina Legal publiquen, con la misma periodicidad con que ya publican otras variables, cifras desagregadas de capturas y homicidios. Mientras no las tengamos, cualquier política en esta materia —incluida la nuestra— se construye parcialmente a ciegas.

Puedes leer la propuesta completa —incluido el articulado legal que redactamos para radicar ante el Congreso— en nuestra sección de Observatorio de Seguridad.

Nada de esto es una solución mágica ni evita que este año, de nuevo, le toque a alguien la lotería que nadie quiere jugar. Pero es la diferencia entre resignarnos a que siga tocándole a cualquiera, o empezar, con datos y con propuestas concretas, a reducir el número de boletos en esa rifa.

Fuentes