Alemania, Brasil, Japón y Corea del Sur dejan que sus empresas fabriquen equipo de defensa bajo autorización y control del Estado. Colombia lo prohíbe en su Constitución. Es hora de preguntarnos por qué.
Colombia es el país de Suramérica que más esfuerzo hace en defensa: según el SIPRI, en 2025 destinó el 3,2 % de su PIB al gasto militar. Acaba de comprometerse a comprar 17 aviones de combate por cerca de USD 3.900 millones. Y, sin embargo, casi todo lo que compran nuestras Fuerzas se fabrica afuera. Pagamos una de las cuentas de defensa más altas de la región y la convertimos en empleo, tecnología e industria… de otros países.
Un monopolio escrito en 1991
La razón está en una frase del artículo 223 de la Constitución: «Sólo el Gobierno puede introducir y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos». La norma nació en plena guerra contra los carteles, con un objetivo legítimo: que las armas no circularan sin control. Pero tuvo un efecto que nadie discutió entonces. Dejó por fuera de una industria entera a las empresas, las universidades y el capital privado del país.
Treinta y cinco años después, los resultados están a la vista. Entre 2015 y 2022, la industria militar acumuló un déficit comercial de USD 1.762 millones, y sus exportaciones nunca pasaron de USD 53 millones al año. Indumil, que carga sola con el monopolio, lleva cuatro intentos de fabricar vehículos blindados. En uno de ellos, la alianza con una empresa privada colombiana no se concretó por «obstáculos legales». La política de reindustrialización le asignó a la apuesta de defensa apenas $200.000 millones para cinco años. Y las compensaciones industriales que pagó Saab por los Gripen terminaron en desalinizadoras, paneles solares y un hospital: obras valiosas, pero que no construyen una sola capacidad industrial de defensa.
No es que el empresariado colombiano no quiera participar. Es que la Constitución no lo deja.
Lo que hacen los países industrializados
Ningún país industrializado deja la fabricación de armas en manos exclusivas del Estado. El modelo que se repite es otro: los privados fabrican, y el Estado autoriza, vigila y controla las exportaciones.
Alemania lo escribió en su propia Constitución. El artículo 26 de la Ley Fundamental dice que las armas de guerra solo pueden fabricarse, transportarse y comercializarse con autorización del Gobierno Federal. Es decir, el Estado autoriza, no fabrica. De ahí salen Rheinmetall y Heckler & Koch. Brasil hizo lo mismo en 1988: su Constitución le da a la Unión la tarea de «autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico». Con esa regla nacieron Embraer, Taurus y Avibras.
Japón, cuya Constitución renuncia a la guerra, permite desde 1953 que Mitsubishi o Kawasaki fabriquen equipo de defensa con licencia del Ministerio de Economía. Corea del Sur convirtió su demanda militar en una política industrial con empresas privadas: hoy Hanwha, Hyundai Rotem, LIG Nex1 y KAI están entre los cien mayores contratistas de defensa del mundo. Francia combina empresas privadas como Dassault con otras en las que el Estado es socio, como Thales y Naval Group. En Estados Unidos y España basta con registrarse y obtener las licencias que exige la ley.
Incluso México, el país más parecido a nosotros en este tema, permite por ley que el Presidente autorice fábricas de armas privadas. Entre todos estos casos, Colombia es el más restrictivo.
La propuesta: de fabricar solo a autorizar y controlar
No se trata de liberalizar las armas, sino de cambiar un solo verbo. Una propuesta de acto legislativo que reemplace la primera frase del artículo 223 por esta:
«El Gobierno podrá fabricar armas, municiones de guerra y explosivos directamente o a través de las empresas del sector Defensa. También podrá autorizar su fabricación a personas jurídicas nacionales de capital privado o mixto, en los términos que señale la ley. Esta establecerá los requisitos de habilitación, los mecanismos de control y trazabilidad, el régimen de exportaciones y las sanciones. La autorización será revocable y el Estado conservará la inspección permanente sobre la producción, el almacenamiento y el destino de lo fabricado. La introducción de estos bienes al país seguirá reservada al Gobierno.»
El resto del artículo, que regula el porte y la tenencia de armas por parte de los civiles, quedaría igual. La reforma toca la industria, no la calle.
Sobre esa base, el modelo sería mixto. Indumil, la CIAC, Cotecmar y Codaltec no desaparecen: se convierten en socias ancla de empresas conjuntas con capital privado nacional y extranjero, como ocurre en Francia. El Estado puede conservar una acción con derecho de veto en los proyectos estratégicos. Y las compensaciones de las grandes compras, como la de los Gripen, se orientan a crear proveedores colombianos certificados en lugar de financiar obras ajenas a la defensa.
Como toda reforma constitucional, requiere ocho debates en el Congreso a lo largo de dos legislaturas ordinarias y consecutivas, con mayoría absoluta en la segunda vuelta. Es un camino largo. Por eso hay que empezarlo ya.
Las objeciones, en serio
La primera objeción es la más seria: en un país con grupos armados, más fabricantes significa más riesgo de desvío. Pero el monopolio no ha sido garantía. Un informe de la propia Indumil reconoció que munición de inventarios estatales llegó al ELN. El control no depende de quién sea dueño de la fábrica, sino de la calidad de la vigilancia. Una ley de desarrollo puede exigir lo que exige Alemania: licencia individual, inspección permanente, marcaje y trazabilidad de cada pieza, y registro de cada transferencia, con penas severas y revocatoria inmediata.
La segunda es la corrupción en las compras de defensa. Es un riesgo real, pero existe hoy con el modelo actual. La respuesta es transparencia: contratación pública abierta en lo que no sea reservado y auditoría de la Contraloría sobre las compensaciones.
La tercera es la escala: el mercado colombiano es pequeño. Por eso el objetivo no puede ser solo abastecer a nuestras Fuerzas, sino exportar a la región con controles de exportación homologables a los estándares internacionales, como hicieron Corea y Brasil. Y la mayor oportunidad no está en las armas, sino en lo que las rodea: electrónica, drones, comunicaciones, mantenimiento aeronáutico y naval, y materiales. Esas tecnologías de uso dual alimentan también la industria civil.
Hay, finalmente, un debate ético legítimo sobre si un país que busca la paz debe apostar por esta industria. Pero hoy ya gastamos en defensa; la pregunta real es si ese gasto deja algo en Colombia.
¿Por qué Colombia no?
La industria manufacturera pesa hoy menos del 10 % del PIB, frente a casi 14 % en 2010. Necesitamos sectores que demanden ingeniería, investigación y empleo calificado. La defensa es uno de ellos, y es una demanda que el país ya paga.
Alemania, Brasil, Japón y Corea entendieron hace décadas que el Estado no tiene que fabricarlo todo para controlarlo todo. Basta con que autorice, vigile y sea socio cuando le convenga. Colombia sigue atada a una frase escrita para otra época. Cambiar un verbo en el artículo 223 no nos pone en riesgo; nos pone a la altura de los países a los que queremos parecernos. La pregunta no es si podemos permitirnos esta reforma. Es si podemos seguir sin ella.
Fuentes
- Constitución Política de Colombia, art. 223
- Ley Fundamental de Alemania, art. 26
- Constitución de Brasil, art. 21, VI
- Francia, Ministère des Armées: autorización AFCI
- Japón, Ley de fabricación de armas (1953)
- Estados Unidos, 22 CFR Part 122
- México, Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
- SIPRI 2026 vía Escenario Mundial: gasto militar en Suramérica
- El Tiempo: compensación industrial de Saab
- MinCIT: compras de defensa y reindustrialización
- Más Colombia: obstáculos de la industria militar
- Infodefensa: Indumil y los blindados 4×4
- Infobae: crisis financiera de Indumil
- Korea Herald: contratistas surcoreanos en el top 100
- Banco Mundial: valor agregado manufacturero (% del PIB), Colombia